El Parlamento Europeo aprobó ayer por aplastante mayoría -550 votos a favor, 45 en contra y 25 abstenciones- el informe que condena la política urbanística desarrollada en la Comunidad Valenciana desde 1994, año en el que se aprobó la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. El PE reclamó oficialmente, aunque sus decisiones son vinculantes, al Consell la inmediata retirada de la LRAU y exigió una moratoria urbanística para todos los planes urbanizadores que impliquen reclasificación de terreno rústico, hasta que entre en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana -LUV-. Petición aceptada por el conseller de Territorio, Rafael Blasco, y que afecta en la provincia de Alicante a la tramitación de 26 Planes de Actuación Integrada -PAI-. En total, la reclasificación de 21,5 millones de metros cuadrados y la construcción de más de 40.000 nuevas viviendas, entre los que destacan las incluidas en macroproyectos en Altea -6.000-; La Nucía -7.000-; Orihuela -6.500- y Torrevieja -7.500-.
El informe final aprobado ayer por el Parlamento Europeo -la mayor parte de los eurodiputados populares se desmarcaron de la posición oficial del PP español- afirma que la mayor parte de las 15.000 denuncias presentadas en Bruselas por afectados en la Comunidad Valenciana se produjeron en los últimos 3 años, cuando se generalizaron los «abusos urbanísticos». Entre los 550 votos a favor de la moratoria urbanística destacaron, también, los de los conservadores británicos, debido a que muchos de los afectados son residentes ingleses en la Comunidad Valenciana.
Finalmente, la enmienda introducía por los populares europeos para que no se pidiera la «moratoria respecto a la aprobación de nuevos proyectos y planes de desarrollo urbanístico en suelo no urbanizable en tanto no entre en vigor la normativa revisada», fue rechazada por 357 votos y tuvo 242 a favor. Según el documento final, se constata que «se está produciendo cierta precipitación para comprometer nuevos proyectos antes de la promulgación de la nueva ley que, sin duda, parecerá más restrictiva».
Según el informe, «durante los últimos tres años se han incrementado de manera muy notable las reclamaciones por abusos urbanísticos». Por ello, aunque la Comunidad Valenciana reconoce el problema y se ha comprometido a elaborar una nueva ley que sustituya a la LRAU, «a fin de evitar las desviaciones constatadas en la aplicación de esta última», piden a la Generalitat «mayor diligencia que hasta ahora» para atender las preocupaciones de los ciudadanos.
Asimismo, reclaman que la LUV incluya «una definición clara del concepto interés público», que se establezcan «criterios obligatorios para el cálculo de las indemnizaciones en casos de expropiación», que se revise el modo en que se selecciona al «agente urbanizador» y el «procedimiento para la adjudicación de contratos», ya que, según el PE, «existen serias dudas al respecto», y por último, que se informe a los propietarios inmobiliarios afectados por los planes urbanísticos.
Por otra parte, se pide tanto a las autoridades valencianas como españolas competentes que «garanticen que los planes generales de desarrollo y urbanización que puedan tener un impacto medioambiental significativo» se sometan a «una evaluación estratégica de impacto ambiental» de acuerdo con las directivas europeas. Además, se pide la creación de una oficina de reclamaciones, bajo la autoridad de las autoridades locales y del Consell, que preste asistencia administrativa a los afectados por la LRAU, para que estos, llegado el caso, puedan optar a un recurso judicial.
Informacion de Alicante
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