El agricultor procesado por regar de más en el acuífero 23 dice que “acumuló derechos”edro R.A., el primer agricultor que se sienta en el banquillo de la Audiencia de Ciudad Real acusado de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por regar de más en el acuífero 23, declaró esta mañana que no es cierto que sobrepasase el límite de agua que tenía autorizado, sino que “acumuló derechos” de otras parcelas en la finca Casa Nueva de Herencia, que tenía arrendada y donde se supone que cometió el delito: extrajo durante las campañas de 2003 y 2004 cerca de 850.000 metros cúbicos de agua de dos pozos legales, “como para abastecer a una población de dos mil habitantes durante un año”, explicaron los técnicos de la Confederación del Guadiana y la Junta que han peritado los supuestos daños al medio ambiente, que la CHG cuantifica en alrededor de 4.000 euros de perjuicio.
Respecto a que podía acumular derechos, funcionarios de la Confederación incluido el que fuera comisario de aguas Samuel Moraleda declararon en el juicio que en ocasiones se permite, “pero siempre y cuando se trate del mismo término municipal”, algo que no pasó en este caso.
El vigilante que levantó las propuestas de sanción testificó que “a simple vista se veía que estaba incumpliendo” (tenía un extenso cultivo de alfalfa, muy restringida por su elevado consumo hídrico y melones).
Este caso penal por daños a un acuífero sobre el que desde 1987 es efectiva una declaración de sobreexplotación que restringe los usos normales, surge a raíz de la querella del dueño de Casa Nueva ya fallecido, Tomás Seco, al que representa su hija Basilisa. A este hombre empezaron a llegarle las sanciones de la CHG por el uso que estaba dando a los pozos el arrendatario. En concreto propuestas de sanción de 30.000, 45.000 y 300.000 euros la tercera. Tras la última la familia decidió interponer una querella penal en el año 2005. Dos después lograron que el acusado abandonase la finca e incluso que la CHG precintase los pozos para evitar más abusos.
“El daño que le ha causado al acuífero y a nosotros es gravísismo”, explicó Basilisa Seco, que ha tenido que pelear en los tribunales una a una las sanciones para no pagar y recuperar las 80 nectáreas de terreno “echas un desastre”. Seco reclama 174.000 euros en concepto de “lucro cesante”.
Para la fiscalía, que comparte calificación con la acusación particular, Pedro R.A. ha causado un grave daño al acuífero, y solicita una condena de 4 años y medio de cárcel por delito ecológico; no obstante y en caso de que la sala no aprecie tal daño solicita de manera alternativa una pena de multa por un delito de “distracción de aguas”. Los peritos que han evaluado el daño ambiental de la conducta de este hombre incidieron en la grave afectación para ecosistemas únicos como las Tablas de Daimiel que tienen estas conductas y a preguntas de las acusaciones explicaron que con algo más de 400 agricultores que hicieran lo mismo se esquilmaría el acuífero.
Infracción administrativa
La defensa de Pedro R.A. defiende la inocencia y en todo caso que la infracción sería administrativa, nunca penal. Para ello se basa en que ni la Confederación del Guadiana ni la Junta de Comunidades fueron por lo penal contra este agricultor.
El caso ha terminado ante la Audiencia Provincial a partir de una querella criminal interpuesta por el propietario de Casa Nueva, Tomás Seco (ahora sus herederos), que tenía arrendada la finca al acusado. A este hombre le fueron llegando las multas, la última de 300.000 euros. Además de lo permitido el acusado extrajo de más en dos años 850.000 m3.
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