Amplio reportaje hoy en Diagonal.
La Sierra de Ávila se alza contra la minería de feldespato
La Sierra de Ávila es la más modesta de las tres alineaciones montañosas que forman el Sistema Central en esta provincia castellana. Separada de la famosa Sierra de Gredos por las de la Paramera y Serrota, no tiene la altitud, ni el nombre, ni los recursos naturales de su hermana mayor.
Además, según José Martín, alcalde de Cillán, uno de los pueblos de esta sierra, la acción institucional no hace sino acrecentar esa brecha, ya que esta comarca no ha recibido en los últimos años un solo euro de los fondos de ayudas para el turismo, yéndose el grueso hacia Gredos.
Dedicada tradicionalmente a la ganadería, la comarca sufre, pese a su relativa cercanía a la capital de provincia, un fortísimo proceso de despoblación y envejecimiento. Las malas comunicaciones y la falta de servicios y proyección económica la han convertido, con sus tres habitantes por kilómetro cuadrado, en una de las menos densamente pobladas del Estado.
Para romper con esta deriva, hace dos años y medio un grupo de vecinos y personas vinculadas a la sierra decidieron empezar a reunirse para crear un plan de dinamización económica sostenible que han denominado 'Vivir en mi pueblo'. Juan Carlos Soto, que participa de esta iniciativa y es concejal por Equo en Majabálago y Ortigosa de Ríoalmar –único municipio de Castilla y León con alcalde de esta formación– cuenta cómo han desarrollado varios ejes de trabajo como la artesanía, la apicultura o el turismo sostenible, celebrando seminarios permanentes de periodicidad quincenal durante el último curso.
En este contexto reciben la noticia de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León del 28 de septiembre de la tramitación de un expediente para la explotación de una mina a cielo abierto para la extracción de feldespato en el Cerro Gorría, máxima elevación de la Sierra con 1.726 metros de altitud y ya afectado desde 2008 por la construcción de un parque eólico.
Pocos días después, se constituía en la plataforma No a la Mina en la Sierra de Ávila y celebrarán su primeras reuniones en Sanchorreja y Balbarda, dos de los pueblos más afectados, congregándose hasta 150 personas, cifra exitosa en poblaciones que en su mayoría no llegan al centenar de habitantes, según explica Sara de la Paz, portavoz de la plataforma.
Este éxito se debe "al impacto ambiental, pero también al afectivo, que perciben los habitantes de la comarca", expone Soto, para quien el mayor éxito ha sido "romper la barrera psicosocial del miedo".
Y es que en una comarca envejecida y despoblada en el corazón de una provincia tradicionalmente conservadora ha surgido un movimiento popular que ha ha superado cualquier expectativa, llegando a sumar un total de 115.000 firmas en una plataforma de internet.
Además, se han presentado más de 4.000 alegaciones al proyecto desde múltiples entidades. Se trata de más del doble de las que se presentaron en su día contra la privatización del agua por parte de Bezoya en la vecina comarca del Corneja. Dado este volumen de alegaciones, se prevé que la Junta no se pronuncie al respecto hasta febrero o marzo.
En los municipios de la sierra, la práctica totalidad de los habitantes está en contra del proyecto minero, tal como corroboran Sagrario Martín, concejal de Sanchorreja por el PSOE, y Óscar Jiménez, alcalde de Narrillos del Rebollar por el PP.
Sin embargo, el tema de la mina ha servido para alimentar el debate entre los partidos a nivel provincial y autonómico. Desde los sectores más contrarios al proyecto se ha acusado al Partido Popular de haberse "puesto de perfil" en un primer momento para terminar sumándose al rechazo ante la presión popular. La propia empresa promotora comparte esta visión.
Sin embargo, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, presidente de la Diputación por el PP, afirma que su postura siempre ha sido la de "estar vigilantes ante el proyecto y respetar la legalidad, ya que, como institución, tomar una postura a favor o en contra sería prevaricar".
La presentación de alegaciones forma parte para Sánchez Cabrera de las obligaciones de la Diputación, más aún si se tiene en cuenta que los municipios afectados son muy pequeños y carecen de recursos para realizar estos trámites.
Sin apoyos
Al margen de las disputas partidistas, parece que casi nadie quiere oír hablar de la mina, a pesar de los beneficios en cuanto a creación de puestos de trabajo e impuestos municipales que podría proporcionar según promete Adolfo San Marín, portavoz de la empresa Antonio y Javi, SL, promotora del proyecto.
Los motivos: la desconfianza ante una empresa que identifican de poco confiable y, sobre todo, las consecuencias que el proyecto podría tener en la salud de los vecinos y en el medio ambiente de la zona.
San Martín se defiende de las acusaciones de escasa fiabilidad de una empresa con un capital social de poco más de 3.000 euros, alegando que es el suficiente para esta fase del proyecto y que la ley prevé el depósito de unos avales en caso de que el éste comience a ejecutarse.
Tanto desde esta empresa como desde Promiex, la encargada de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, tachan los argumentos de la plataforma de poco rigurosos, rechazando la gravedad de las afecciones tanto al agua como al aire y calificando los riesgos señalados para la salud de las personas y del ganado como alarmistas.
Por otra parte, justifican la necesidad de extracción del feldespato, sobre todo para la industria cerámica de Castellón, que actualmente lo importa sobre todo desde Turquía, donde las condiciones tanto laborales como medioambientales de la minería son mucho peores, argumentan.
"Pésimo estudio"
Muy diferente es la visión de Centáurea, asociación ecologista que trabaja sobre todo en Ávila y Segovia, que califica de pésimo el Estudio de Impacto Ambiental y señala que éste se centra en aspectos mineros y olvida otros tan importantes como la existencia de dos espacios protegidos prácticamente colindantes a la mina, como son la Zona de Especial Protección de Aves Encinares de la Sierra de Ávila, con presencia de especies en peligro de extinción, y el Lugar de Interés Cultural del mismo nombre, ambos incluidos en la Red Natura 2000.
Consideran innegables los daños paisajísticos y acústicos, y la presencia de polvo desde la primera voladura, como sucede en cualquier cantera, y reclaman que la Confederación Hidrográfica del Duero se pronuncie sobre las afecciones al agua.
También señalan irregularidades en la tramitación del proyecto y denuncian la vigente Ley de Minas del año 1973 por obsoleta, al no recoger planteamientos ecosistémicos que ya están en la legislación europea. Por todo ello, instan a la Junta de Castilla y León a que se oponga al proyecto extractivo y se decante claramente por un política de protección en la zona, debido a sus valores ambientales, humanos y culturales.
Tampoco desde Comisiones Obreras aceptan las bondades del proyecto. Carlos Tomás Rodríguez, responsable provincial de medio ambiente en el sindicato, señala que serían mayores los costes públicos en las infraestructuras necesarias y la destrucción de riqueza y patrimonio que los supuestos beneficios a nivel de empleo en un sector arrasado por la burbuja inmobiliaria y "del que ya conocemos su situación de crisis y sus ERE".
También sospecha de especulación y denuncia la ausencia de un estudio de viabilidad económica del proyecto. A este respecto, para la central sindical la tramitación del expediente está viciada desde su inicio en 2007, cuando se aprobaron los permisos de investigación sin sus preceptivos estudios de impacto ambiental.
Esta desconfianza en la delegación provincial del Servicio de Minas de la Junta, con la que Diagonal ha tratado de ponerse en contacto sin éxito, es compartida por la plataforma, que denuncia la ausencia de hasta 131 hojas en los expedientes que les han facilitado. Este supuesto oscurantismo, sumado a la sospecha de que la concesionaria sea una "empresa pantalla" hace recelar al colectivo de un proyecto que no es aislado sino que forma parte de una serie de concesiones que podrían afectar a más de 1.000 hectáreas de la sierra. Por ello, piden a la Junta que lo rechace.
Y es que, al margen de los detalles técnicos, parece que este conflicto no se circunscribe a la mera instalación de una cantera, que según la empresa sería positiva para los valores de la zona, sino que pone sobre la mesa la pugna entre dos modelos opuestos, uno basado en el desarrollismo y otro que pretende apostar por la sostenibilidad, en una comarca herida de muerte por la despoblación y el envejecimiento.
No es un proyecto aislado
El proyecto ha sacado a la luz dos concesiones anteriores. La primera –Palmerán– fue otorgada en 2001 a cuatro sociedades, entre las que figura Antonio y Javi SL. En 2007 esta empresa solicitó un proyecto de investigación sobre 434 ha. denominado Leito, que les fue concedido. Dentro de éste se enmarcan los trámites de explotación actuales. Varias alegaciones denuncian que sendos proyectos debieron llevar sendos estudios de impacto cuya ausencia pone en duda la legalidad del proceso.
6 Respuestas
5485 Vistas