Si atropella un jabalí, usted es el culpable
“Un joven irá en su ciclomotor por una carretera que atraviesa un coto de caza, tendrá la desgracia de colisionar con una manada de jabalíes que irrumpe de repente en la calzada y... tendrá la desgracia de quedarse en silla de ruedas. Entonces, le leeremos la nueva ley de seguridad vial y le diremos que nuestros políticos han decidido que él es el responsable del accidente, y que aunque no vaya a recibir ninguna indemnización, puede quedarse tranquilo porque no tiene que pagar el jabalí muerto”. Así describe el abogado José Pérez Tirado, experto en seguridad vial y portavoz de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, lo que podrá suceder si se aprueba sin ningún cambio la futura Ley de Seguridad Vial, que ahora se tramita en el Senado.
Hasta ahora, en los accidentes de tráfico ocasionados por el atropello de especies cinegéticas, regulado en la disposición novena de la actual ley de seguridad vial, se considera responsable al conductor solo si este ha incumplido las normas de circulación. Pero si el siniestro se produce como consecuencia de la cacería o por la falta de diligencia en la conservación del terreno acotado, el culpable será el dueño del coto de caza. También se podrá responsabilizar al titular de la vía pública si el accidente ocurre por el mal estado de la carretera o por falta de señalización.
Sin embargo, según el nuevo proyecto, en un accidente provocado por el arrollamiento de un animal de caza “será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo”, si bien no se le podrá reclamar el valor de los animales arrollados.
La única excepción para inculpar al titular del coto o al propietario del terreno es si el siniestro se produce como “consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor [animales salvajes mayores que un zorro]”, siempre y cuando el accidente ocurra en el momento de la cacería o en las 24 horas posteriores a que concluya. Pero si el atropello sucede en ese tiempo y los cazadores buscaban conejos o perdices —especies de caza menor—, el culpable también será el automovilista. La futura norma conserva la posibilidad de inculpar a la Administración solo si “no ha reparado la valla de cerramiento en plazo” o “por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos”, pero no por el mal estado de la vía.
“Existe una presión bastante importante de los propietarios de cotos de caza” para que se legisle en esta dirección, asegura el diputado socialista Juan Carlos Corcuera, portavoz de la Comisión sobre Seguridad Vial, que ha presentado una enmienda para que se suprima el apartado que el PP pretende introducir en la nueva ley. Las razones del lobby de la caza, según Corcuera, son muy claras: “hay muchos cotos y, en las carreteras que los atraviesan, hay accidentes con bastante frecuencia”.
En España, hay 24.677 cotos de caza privados, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que no incluyen cifras de Extremadura, Galicia ni Aragón. Es decir, que aún hay más cotos.
En cuanto a los accidentes, de acuerdo con las cifras de la Dirección General de Tráfico, en 2012 se produjeron 484 siniestros con víctimas por el atropello de animales, en los que cuatro personas murieron, 51 resultaron heridas graves y 586 heridas leves. Estos datos no detallan qué animal fue atropellado ni incluyen los arrollamientos en los que no hubo ninguna víctima. Pero fuentes del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad perfilan estos números y calculan que al año se producen entre 15.000 y 20.000 accidentes por irrupciones o atropellos de fauna silvestre en las vías de circulación.
“La responsabilidad civil por los accidentes de tráfico” debidos a la irrupción de fauna cinegética en las carreteras “es una verdadera espada de Damocles” para las sociedades de cazadores y los dueños de los cotos, reconocen fuentes de la Real Federación Española de la Caza, que admiten la existencia de un lobby de cazadores. Según presumen, la ley que prepara el Partido Popular es fruto del “esfuerzo y las presiones realizadas por el sector cinegético”.
El diputado socialista Corcuera incide en el perjuicio que el nuevo texto supondrá para los conductores que resulten heridos o muertos en uno de estos accidentes. Según las motivaciones de la enmienda presentada por el PSOE, los automovilistas no culpables que sufrieran daños personales al atropellar un animal cinegético “no quedarán cubiertos por el seguro de responsabilidad civil del automóvil, de suscripción obligatoria”, puesto que el conductor es el culpable, ni por el del coto o el de la Administración, porque será “prácticamente imposible imputarles responsabilidad”. En caso de lesiones graves o de fallecimiento “podrían generarse situaciones dramáticas para la propia víctima o para sus familiares, al no tener derecho a percibir indemnización alguna”, añade. Y si solo sufre daños el vehículo, el conductor también quedará desprotegido con un seguro a terceros.
“Si se aprueba la nueva ley los dueños de los cotos van a tener muchas ventajas, porque podrán poner menos medidas de seguridad para impedir que los animales atraviesen la calzada y los seguros de responsabilidad civil les van a salir mucho más baratos”, critica el abogado José Pérez Tirado, sorprendido del poder del “lobby de la caza” frente a ciudadanos que circulan correctamente por la carretera.
“El caballo se escapó y mató a mi marido”
El esposo de Elena Plaza murió al chocar con un caballo que atravesó descontrolado la carretera por la que circulaba. El accidente ocurrió el 7 de diciembre de 2001, hace ya más de 12 años, en la carretera M-100, en Alcobendas (Madrid), y desde entonces Elena vive inmersa “en procesos judiciales que no acaban nunca”. Ni ella ni sus hijas han recibido todavía la indemnización que les corresponde, 107.096,28 euros, para la madre, y 44.623,45 euros para cada una de las jóvenes, que solo eran dos niñas de 9 y 11 años cuando perdieron a su padre.
Aquel 7 de diciembre, una yegua y un potro que se habían escapado provocaron dos accidentes. La primera fue atropellada por un conductor, que se salió de la vía. Contra el potro, chocó el marido de Elena.
Según el atestado policial, un testigo vio a un hombre “muy nervioso” que hablaba por teléfono y decía: “Se tienen que haber escapado por el roto de la verja”. Otro testigo escuchó a la misma persona que pedía a alguien por el móvil que “urgentemente fuera a denunciar que habían robado en la finca”. Se trataba de Julián Solera, el propietario del terreno, que, efectivamente, presentó en el juzgado una denuncia hecha por su mujer sobre un supuesto robo de dos caballos en su propiedad, a las 23.32 horas de aquel día. Pero el siniestro había ocurrido a las 20.20.
El proceso por la vía penal, cinco años después del accidente, absolvió a los dueños de la finca en la que estaban los caballos y a los propietarios de los animales, que los habían dejado allí para que los domaran. Según el auto, no se podía condenar al responsable de que se escaparan, un supuesto cuidador que había muerto antes del juicio, a pesar de que nadie pudiera aportar una copia del contrato de este trabajador.
La vía civil condenó a los dueños de los caballos, pero continúa abierta por los distintos recursos que han ido presentado las partes. Elena apenas tiene ya fuerzas: “Es una lucha contra los elementos... ¿Qué voy a recurrir ya si el atestado está clarísimo? Justicia no se va a hacer, mi marido está muerto porque un caballo se escapó y lo atropelló”.
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