El futuro de antiguas explotaciones mineras asturianas podría ser convertirse en almacenes de dióxido de carbono (CO2). La empresa Hunosa ha mostrado interés por un proyecto del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, para frenar el efecto invernadero y adaptarse al Protocolo de Kioto a través de un proceso no muy complicado que, en lugar de lanzar los gases a la atmósfera, permite inyectarlos a grandes profundidades.
El Ciemat, que cuenta con noventa millones de presupuesto para desarrollar el plan, ya está preparando una planta piloto en Ponferrada (León), dentro del proyecto de la Ciudad de la Energía, para desarrollar una tecnología que ya se está utilizando en Estados Unidos (EE UU). Ahora, el organismo busca almacenes naturales donde inyectar los gases. Y ahí es donde entra en juego Asturias. El presidente de Hunosa, Juan Ramón García Secades, anunció el pasado abril en Mieres, durante la celebración de unas jornadas técnicas sobre el agua organizadas por el SOMA-FIA-UGT, que la empresa ya tiene en marcha una serie de estudios hidrogeológicos para calibrar las posibilidades de utilización de sus minas para el secuestro del CO2.
La idea también cuenta con el apoyo de los sindicatos mineros, que en las conversaciones con el Ministerio de Industria sobre el futuro del sector introducirán un plan medioambiental que, entre otras cuestiones, incluye la localización de depósitos -tales como grandes acuíferos subterráneos o minas abandonadas- para su reconversión en depósitos de dióxido de carbono. El objetivo de los sindicatos es potenciar la aplicación de nuevas tecnologías que permitan la combustión del carbón en centrales térmicas con gran reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, para cumplir con los requisitos establecidos en el Protocolo de Kioto.
El planteamiento de Hunosa y de los sindicatos mineros coincide con el proyecto que está poniendo en marcha el Ciemat, que ya dispone de la financiación necesaria para construir una central térmica experimental de carbón de cinco megavatios. A partir de ahí, el Instituto Geológico Minero (IGME) y el Instituto del Carbón se unirán al plan para definir las localizaciones de los almacenes de inyección de gases. En un principio, los técnicos del IGME barajan como posibilidades los mismos yacimientos en los que se obtiene el CO2, acuíferos inservibles para el ser humano, minas de sal o capas de carbón. Los depósitos deberían estar a una profundidad mínima de 800 metros.
De momento, las comarcas mineras asturianas están incluidas en un primer estudio de posibles localizaciones redactado por los especialistas del IGME, junto a determinadas zonas de Andalucía, Murcia, Castilla y León y el País Vasco.
Aunque los técnicos del IGME aseguran que los almacenes subterráneos de CO2 no son peligrosos, porque, según han indicado, se trata de un gas inerte, que no puede explotar y que, a su juicio, sólo es contaminante porque se emite demasiado, los colectivos ecologistas no están de acuerdo con el proyecto que lidera el Ministerio de Educación y Ciencia.
El grupo Greenpeace calificó ayer de «peligroso error» la posibilidad de almacenar CO2 bajo tierra y apostó por la sustitución de los minerales fósiles por energías renovables y eficiencia energética como «único camino» para que España consiga adaptarse al Protocolo de Kioto, algo que aún parece lejano ya que trata del país desarrollado que más se aleja de los compromisos tras haber triplicado ya el tope de lo pactado para 2012, con unas emisiones de dióxido de carbono que el año pasado alcanzaron las 345,7 toneladas.
El colectivo conservacionista asegura que el proyecto gubernamental «es una opción de alto coste que reduce la eficiencia de las centrales térmicas y que supondrá importantes costes adicionales a largo plazo». Además, Greenpeace también alerta de que el almacenamiento «podría dar lugar a fracturas de las rocas».
Un proceso sencillo que permitiría aprovechar el metano de los pozos.
El proyecto gubernamental para lograr el almacenamiento subterráneo del CO2 también permitiría un aprovechamiento del metano que hay en las minas. Se trata de un proceso que, en principio, no tiene por qué resultar demasiado complejo y que se irá perfilando en el centro experimental que se construirá en la localidad leonesa de Ponferrada.
El planteamiento comienza por la captura del CO2 en las instalaciones industriales en las que se genera, como, por ejemplo, las centrales térmicas. A continuación, se separa del resto de los gases y se comprime, hasta convertirlo en líquido. El siguiente paso consiste en su traslado al pozo, donde mediante un sondeo se alcanza la capa del carbón, a la que se le inyecta el CO2 mediante un bombeo desde el exterior.
A partir de ahí, el dióxido de carbono desplaza al metano absorbido con el carbón. El CO2 queda almacenado en el carbón, y el metano, ya liberado, es aspirado desde el interior de la explotación.
El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) tiene previsto investigar en el centro que habilitará en Ponferrada todos los aspectos relacionados con un proyecto que ya cuenta con una partida económica de noventa millones de euros. Entre otras cuestiones, se prevé la quema de carbón en condiciones limpias, además de ensayos sobre el secuestro del CO2 y su almacenamiento en minas.
El proyecto incluye la combustión de 20 toneladas de carbón al día, para lo que se utilizarán nuevas tecnologías, como el carbón pulverizado a presión.
Las previsiones iniciales apuntan a que el centro estará listo para entrar en funcionamiento en el plazo de tres o cuatro años. Además, dará empleo a un centenar de personas.
Los responsables del plan tendrán a su disposición los estudios que durante años se han llevado a cabo en la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) en torno al almacenamiento subterráneo de los desechos de origen nuclear.
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