Cuando ni los jueces protegen al urogallo
“¿Cómo no iban a saber que aquí hay urogallo?”, se pregunta Tomás Vega, alcalde de Folgoso de la Ribera, un pueblo de poco más de 1.100 habitantes en el Bierzo Alto (Léon). “Ya cuando estaba haciendo yo la carrera de ingeniero técnico forestal nos contaba el profesor, que luego trabajó en la Junta de Castilla y León, que aquí había una población de las importantes”. Desde el pueblo ni se ven ni se oyen, pero a pocos centenares de metros 12 aerogeneradores encaramados en las estribaciones de la sierra de Gistredo forman el parque eólico de Valdelín. Y se sitúan en paralelo a una ruta senderista muy conocida llamada... Camino del Urogallo.
Por si aún se necesitaban más pruebas de la presencia de esta especie en la zona, hace unos meses apareció junto a una turbina eólica el cadáver de una hembra. La causa de la muerte: traumatismo. El urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) acaba de ser declarado “en situación crítica” por estar al borde de la extinción. Se calcula que su número ha caído a la mitad en los últimos 15 años, en parte debido a que su hábitat cada vez está más fragmentado.
Hábitat que en esta zona de León (entre las comarcas del Bierzo, Cepeda y Omaña) comparte con un megaproyecto que preveía construir, aprovechando el viento de las cumbres, hasta 22 parques eólicos de los que, tras la lucha de los ecologistas en los tribunales, solo se levantaron seis. Ahora los jueces acaban de dar el enésimo revés al llamado nudo de Villameca: tres sentencias anulan sus autorizaciones por afectar a poblaciones de urogallo.
La subestación eléctrica Ponjos, que recoge la producción de los parques, y la línea eléctrica de alta tensión que la evacua hasta el punto de conexión con Red Eléctrica de España en Villameca son ilegales, según un juez de León, que ha declarado nulas sus autorizaciones. En ambos casos, por no tener en consideración en la evaluación de impacto ambiental la presencia de esta especie. “Los jueces anulan todo el tendido eléctrico, lo que obliga a cerrar los parques eólicos al no poder sacar la energía que producen”, asegura Juan Carlos Atienza, de la Sociedad Española de Ornitología (SEO-BirdLife), la organización que ha recurrido los permisos que la Junta de Castilla y León ha dado a estas infraestructuras. Enel ha recurrido ambas decisiones.
Una tercera sentencia, a la que también ha tenido acceso EL PAÍS, ha anulado la licencia ambiental y urbanística que el Ayuntamiento de Riello dio al parque eólico de Valdesamario. En los tres fallos, el magistrado recuerda que las evaluaciones de impacto ambiental no recogieron los posibles efectos acumulativos de los parques eólicos y las líneas de alta tensión. Una portavoz de Enel aseguró que han decidido no recurrir la sentencia y obtener una nueva licencia. Los ecologistas llevan años denunciando que el gran proyecto del nudo de Villameca se troceó en distintos parques precisamente para intentar sortear la evaluación ambiental.
El caso de los parques eólicos leoneses es llamativo por lo reiterado de las sentencias contrarias. De los seis que finalmente se construyeron, tres han sido anulados en el Supremo después de batallas legales de hasta 13 años. Pese a ello, uno sigue en funcionamiento y el otro paró la semana pasada, días después de que EL PAÍS preguntara por qué no se estaba cumpliendo el fallo judicial, de mayo pasado. Este último es Valdesamario, de Enel Green Power, y el que aún funciona es Espina, que pertenece a Gas Natural Fenosa y cuya autorización anuló el Supremo en abril pasado. “No hemos recibido orden de pararlo”, dice una portavoz.
El único parque que lleva tiempo sin funcionar es el de Peña del Gato (Enel), el de mayor potencia de la provincia y uno de los mayores de España, con 25 aerogeneradores. Hace un año que no produce en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León que anuló la declaración de impacto ambiental. Pero según el alcalde de Igüeña, Alider Presa, “volverá a funcionar enseguida”. La Junta aprobó una nueva declaración de impacto ambiental en mayo pasado. Según SEO, el nuevo texto no modifica nada: no se mueve un molino ni se cierra una pista o se quita un metro de tendido eléctrico. La empresa afirma haber hecho un estudio sobre el urogallo según el cual la actividad del parque es compatible con los objetivos de conservación de la especie.
Las obras de este polémico parque empezaron a principios de 2008, pero su autorización administrativa no se publicó hasta un año después. Para cuando SEO la impugnó, las obras habían terminado. El abogado de los ecologistas explica que es la misma práctica que se empleó en los casos de Espina y Valdesamario, lo que ha permitido el funcionamiento de estas instalaciones durante años a pesar de las “graves irregularidades de sus declaraciones de impacto ambiental, deficiencias confirmadas por el Supremo”.
Manuel Melcón, alcalde de Valdesamario, asegura que los municipios se limitan a permitir lo que previamente la Junta de Castilla y León ha autorizado. Añade que no hay oposición a los parques eólicos. “Estos pueblos viven de esos ingresos. Sin ellos probablemente morirían”, asegura. En muchos casos, los aerogeneradores se sitúan en montes de utilidad pública, por lo que son las juntas vecinales las que reciben el dinero de las empresas. Sobre el urogallo, es contundente: “Es un invento de los ecolojetas para cobrar subvenciones astronómicas. Mi abuelo murió con 102 años y nunca me dijo que los hubiera visto”.
UNA LARGA HISTORIA EN LOS TRIBUNALESEl proyecto llamado “nudo eólico de Villameca” (formado por parques eólicos, subestaciones eléctricas y líneas de evacuación de la energía) acumula un total de 22 sentencias judiciales.
18 de ellas son favorables a los ecologistas y anulan las autorizaciones con las que se permitió su construcción.
La presión administrativa y judicial hizo que solo seis de los 22 parques proyectados llegaran a construirse.
Tres de esos parques (Peña del Gato, Espina y Valdesamario) han sido anulados por el Tribunal Supremo una década después. Las sentencias consideran probado que son ilegales por afectar a poblaciones de urogallo. La Junta intenta volver a legalizarlos aprobando nuevas evaluaciones de impacto ambiental.
UN CADÁVER INCÓMODO
El 28 de enero llegó un cadáver de hembra de urogallo al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid. La necropsia determinó que la causa de la muerte fue una contusión en el pecho. Pese a que el urogallo está en peligro de extinción, y que noticias como la muerte de un ejemplar en Huesca (urogallo pirenaico, en situación vulnerable) acosado por turistas hace unos meses tienen amplia repercusión en los medios, de este caso nadie se enteró. Era la primera vez que aparecía un ejemplar muerto en el entorno de un parque eólico, el de Valdelín, en Folgoso de la Ribera.
Para los conservacionistas, el hallazgo debería zanjar la discusión sobre si hay o no hay urogallos en la zona y si les afectan los parques. No es el primer caso que demuestra que los aerogeneradores ocupan zonas sensibles para la especie. En el parque de Valdesamario un vecino fotografió un urogallo paseándose por las pistas de la instalación, como publicó EL PAÍS hace tres años.
La Junta de Castilla y León niega haber ocultado la muerte. Asegura que, simplemente, no informó de ella, como tampoco lo hace con otros casos que no considera relevantes. La necropsia señala que el golpe no parece “compatible con el impacto con las aspas”, pero no descarta que sucediera con un tendido u otra infraestructura.
“En Europa solo hay otros dos casos registrados de muerte de un urogallo en un parque eólico, en Suecia, donde la especie no está en peligro de extinción. Donde hay poblaciones amenazadas no se instalan parques eólicos. Salvo en León”, asegura Manuel Antonio González, biólogo especializado en este animal. "En Suecia hay más de 200.000 urogallos. En León, menos de 200", recuerda.
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