Yo también estoy cansado de tanta demagogia, y sobre todo, de leer opiniones fundadas en tópicos con nulo conocimiento causal que se han desarrollado a lo largo del tema y que no quiero citar para evitar alusiones personales y alargar el post más de la cuenta.
De momento voy a centrarme en lo dicho sobre el fin del embalse de Riaño.
Se debe aclarar que Riaño se concibió por los tecnócratas del Régimen como la gran obra que iba a saciar la sed del yermo Páramo leonés, pero que, con el transcurso de los años, y la demora en los plazos de ejecución del proyecto, esta justificación fue perdiendo vigencia, hasta el punto que de las 82.000 hectáreas de regadío previstas, 23 años después solo se han hecho efectivas 19.000, es decir, que no se llega siquiera al 25%. Ello no impidió que en plena democracia el proyecto fuera rescatado por el Gobierno de España en beneficio de una empresa privada, eso sí, poniendo como escudo y excusa a los agricultores.
¿Y qué fue de aquellos "bienpagados" que clamaban ¡AGUA O MUERTE! exigiendo el inmediato cierre del embalse?
Ramiro Pinto recordaba hace pocos días en el Diario de León unos datos que ponen de manifiesto el absoluto esperpento de Riaño:
1. El primer estudio que se hace sobre los futuros regadíos por parte del estado fue en 1991, cuatro años después del cierre de la presa. En él ya se descartan 14.000 hectáreas por no ser adecuadas.
2. En 1993 tierras del proyecto de futuros regadíos reciben una subvención de Europa para ser de secano y conservar así el hábitat de las aves esteparias, en especial la avutarda. 9.000 hectáreas no se regarán ya nunca.
3. En 1997 el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Sr. De la Guía, declara oficialmente el fracaso de los regadíos de Riaño. A pesar de lo cual se siguen haciendo canales. Pero no los que llevan el agua a los agricultores, sino los primarios. Finalizada la provincia de León se siguen a Palencia, fuera del proyecto para el que se hizo el embalse.
4. Este año, 2010, Serbal de Campos, ayuntamiento dentro del proyecto de regadíos de Riaño, se ofrece como lugar para ubicar el cementerio nuclear, que hubiera exigido un cinturón de seguridad que no se puede comercializar sus cultivos.
5. Hace unas semanas, octubre de 2010, cambia la normativa europea para subvenciones agrarias y exige plantar un árbol por hectárea subvencionada. Resulta que se eliminan miles de árboles, hoy necesarios para la sostenibilidad, y se piden exigen sembrar unos pocos. Cuando pueden haber millones en la parte del embalse que se recupere. Y además incorporar una política forestal rentable y eficiente.
6. La producción de electricidad de la presa equivale a lo que producirían 49 hectáreas, de las 82.000 que se iban a regar, de las tierras cultivables con placas de energía solar. Es de razón que la parte que no se va a usar de agua se devuelva al valle de Riaño y se baje la cota del embalse, recuperando miles de hectáreas hoy necesarias.
Según el Ministerio de Medio Rural se regarán, no se sabe cuando, pero no más, 32.000 hectáreas, para lo cual hubiera servido un pequeño embalse que no habría a destruido ningún pueblo.
Más triste aún, al comprobar, 20 años más tarde que aquellos voceros a sueldo, hayan abandonado el campo a golpe de subvención, y ya nadie se quiera acordar de que no fue más que una marioneta en manos de los políticos y empresarios que finalmente se llevaron el gato al agua:
Entre tanto, en Riaño y fuera de allí, la gente se pregunta si mereció la pena tanto sacrificio. Aunque los responsables del cierre de la presa sigan diciendo que sí y que volverían a hacerlo si el tiempo volviera atrás (el ministro de Obras Públicas de entonces, el riojano Sáenz de Cosculluela, por ejemplo), lo cierto es que, 20 años después del cierre, el pantano apenas riega una pequeña parte de las hectáreas previstas en el proyecto y todavía faltan por realizar la mayoría de los canales y demás obras de infraestructura. Lo que, entre otras consecuencias, ha provocado que los presuntos beneficiados del regadío, los campesinos del sur de la provincia leonesa, hayan dejado ya el campo, principalmente los jóvenes. "La gente esperó y esperó, y al final se acabó marchando", se queja el dueño de un bar de Villamuñío, en el páramo de los Payuelos, quien se lamenta, incluso, de haber ido a León a manifestarse pidiendo el cierre de Riaño. "Si nos hubiera dado un ataque de apendicitis a todos aquel día...", dice. Cerca del bar, Jesús Calvo, el párroco del pueblo y antiguo presidente de la principal asociación de regantes de las varias que lucharon por el cierre de Riaño, se queja también de esa situación. Rodeado de fotos de Franco y de Tejero (don Jesús se confiesa falangista, amén de cura), se lamenta del gran retraso de las obras e incluso dice sentirse utilizado por los políticos de aquella época: "La Diputación de León nos pagaba todo: los carteles, los autobuses para las manifestaciones, todo... Y mira cómo nos lo pagaron".
La afirmación del cura y de la gente de Villamuñío, que es la misma en toda la comarca, refuerza la sospecha que algunos ya tenían cuando se cerró el pantano de que el objetivo principal de éste no era regar, sino la producción de energía eléctrica. "Lo que hicieron fue enfrentar a los regantes del sur con los de Riaño, como hacen siempre, para poder cerrar el pantano. Y luego, claro, los olvidaron", dice Fulgencio Fernández, periodista de La Crónica de León, que ha seguido de cerca todo el proceso. Y añade: "El pantano de Riaño fue la contraprestación que Iberduero exigió al Gobierno para cerrar la central nuclear de Lemóniz". Verdad o no, lo cierto es que lo único que de verdad funciona, 20 años después de haber cerrado la presa, son las centrales eléctricas que alimenta el río Esla directamente o a través del Duero y una pequeña parte del territorio que presuntamente iba a ser regado, más en Palencia y Valladolid -a través de los trasvases a los ríos Cea y Carrión- que en la propia provincia leonesa.
La realidad del fin por el que se cerró el embalse es bien distinta de la del regadío. Iberdrola se hizo de la forma más ruín y cobarde que la democracia española ha vivido hasta la fecha con uno de sus negocios más rentables, invocando un interés público inexistente, a través de políticos prevaricadores cuya carrera ha terminado, con total desfachatez, en muchos casos, como altos cargos honoríficos de estas empresas:
El 29 de Enero de 1981 tras un secuestro de 7 días en los que se exigía la inmediata paralización de las obras, E.T.A. asesina al ingeniero bilbaíno José María Ryan. Este es el punto y final al proyecto de la Central Nuclear de Lemóniz que comenzó en 1972. No fue sin embargo la única muerte que rodeó al polémico proyecto, puesto que tres años antes la banda terrorista había terminado con la vida de dos obreros al hacer explotar una potente bomba en uno de los reactores. Iberduero, actualmente Iberdrola, planeaba levantar otras dos centrales en las localidades vascas de Ispaster y Deba, centrales que, afortunadamente, jamás se llevaron a cabo.(...) Un año después del asesinato de Jose María Ryan, el Partido Socialista Obrero Español con Felipe González al frente gana las elecciones generales. El PSOE vasco siempre titubeó como partido "de izquierdas" ante el unánime rechazo de toda la izquierda al proyecto nuclear. El PNV apoyaba y aspiraba a controlar la empresa Iberduero y los socialistas eran conscientes del peso político del partido nacionalista. De manera casi inmediata a su llegada al poder se retoma un viejo proyecto franquista abandonado y sin futuro de la época de los tecnócratas como compensación a la empresa Iberduero por el asunto de Lemóniz.
Este proyecto franquista no es otro que el embalse de Riaño, una jugosa golosina de kilowatios que el Estado iba a regalar a la incipiente empresa vasca para olvidar el berrinche del fallido macroproyecto nuclear. Todo este macabro proceso se realiza de espaldas a la opinión pública con el disfraz de los regadíos. Una serie de canales de riego iban a resucitar el agonizante campo leonés mientras que la montaña iba a vivir una segunda juventud gracias a las nuevas oportunidades que iban a plantear las múltiples actividades que podría ofertar el entorno del embalse. Turismo y desarrollo. Falaz mentira que tocó defender al infame, chulo y prepotente ministro de Obras Públicas Javier Luis Saénz de Cosculluela. Y se hizo de la manera más mezquina y cobarde que cabe imaginar. Enfrentando a un pueblo. Hablando de sacrificios necesarios. De progreso. De desarrollo.
Y buena prueba de ello son algunos de los datos que este mismo año hacía público un responsable de Iberdrola en el Telediario de Televisión Española:
<![CDATA[<a href="http://www.youtube.com/v/8OZUdc4S9I0?fs=1&"" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/8OZUdc4S9I0?fs=1&"</a>]]>-La cuenca del Duero genera entre el 20 y el 25% de la energía hidráulica nacional.
-Es la mayor productora de energía hidráulica de España, gestionada por Iberdrola y CHD.
-Se produce el 95% de la energía hidráulica de la Comunidad.
-Su producción es superior a la de 3 centrales nucleares.
-Abastecería durante un año a una ciudad de un millón y medio de habitantes.
Y como sé que a alguno todavía le quedarán ganas de argumentar el ingente beneficio social de la energía hidráulica frente a otros tipos de generación, en primer lugar, recordar que el procedimiento de expropiación forzosa se justifica por una utilidad pública o interés social concreta, no genérica, que en este caso fue regar, y que al no haberse cumplido dicho fin para el que fue proyectado el embalse, es factible plantear la desafección de los bienes expropiados.
Y en segundo lugar recomendar la lectura del siguiente artículo acerca de los obscenos beneficios que las eléctricas están obteniendo GRATUITAMENTE a cambio de la explotación salvaje, irracional y en muchos casos, INMORAL del patrimonio común de todos los españoles.
El gran negocio privado con el agua de todos -El País-Las eléctricas pagan menos de 20 millones al Gobierno por el caudal de los ríos, con el que ganan 1.000 millones - Como en el caso de la nuclear, crece el debate para revisar su retribución
Los ríos son milagrosos. Se sabía que traían riqueza y belleza, pero lo que consiguen con ellos las eléctricas va mucho más allá. El Ministerio de Medio Ambiente ha recabado entre todas sus confederaciones hidrográficas los datos -dispersos y opacos- sobre cuánto le pagan las eléctricas por usar el agua para producir electricidad. El recuento da como resultado que por usar el agua, por ley un bien público y sin dueño, las eléctricas pagan entre 10 y 20 millones de euros al año al Gobierno, según fuentes del Ejecutivo. Con ese caudal producen electricidad que, a su vez, las eléctricas cobran al precio de mercado. De media, en los últimos años han conseguido alrededor de 1.000 millones anuales de beneficios con este sistema.
El Ministerio de Medio Ambiente considera que esta desproporción es excesiva y busca fórmulas para cobrar algo a las eléctricas. El secretario de Estado del Agua, Josep Puxeu, advierte: "Las empresas eléctricas no pueden seguir al margen del debate de la gestión del agua ni de los costes de esta".
El sistema de fijación de precios de la electricidad es singular. Las empresas van ofertando la electricidad en función de la demanda de cada momento. Las eléctricas primero aportan la nuclear, que no puede variar su potencia, todas las renovables entran por ley y, si hay agua en los embalses, la hidráulica. Lo que falta se completa con carbón y gas, que son más caros, y al final todas cobran el precio más alto.
El resultado es que la hidroeléctrica -sin apenas costes y con presas construidas hace décadas- se cobra al precio del gas. Si el gas sube en los mercados internacionales, suben los beneficios de las presas. Los expertos bautizan este fenómeno como "beneficios caídos del cielo" (del inglés,windfall profits).
La Comisión Nacional de la Energía alertó del efecto perverso del sistema en 2008, pero solo la crisis, con la necesidad del Estado de recaudar más y de contener la desbocada tarifa eléctrica, ha abierto el melón de la regulación. Según la metodología de la CNE, el sector obtuvo 1.111 millones de beneficios extra en 2008 y 647 en 2009. La cantidad varía en función de la cantidad de lluvia y del precio del gas, que fija el del mercado. En los primeros ocho meses de este año, mucho más lluvioso, la cantidad ronda los 900 millones.
Medio Ambiente ha revisado los cánones de las presas sobre las que las eléctricas operan en forma de concesión. La inmensa mayoría son embalses construidos en los años cuarenta y cincuenta y con concesiones de hasta 75 años. "No pagan el agua. La cantidad que abonan de canon es mínima", resumen fuentes del Ejecutivo, que citan favores de los gobiernos franquistas hacia las eléctricas. La primera gran concesión que caducará lo hará en 2024, según estas fuentes.
La Secretaría de Estado de Agua ha estudiado fórmulas para recuperar concesiones, pero legalmente, según afirman las fuentes consultadas, es prácticamente imposible. La ley exige compensar el lucro cesante de la concesionaria, que en este caso sería enorme, así que el Gobierno ha abandonado esa vía. Pero sí ha comenzado contactos con las eléctricas para ver cuál podría ser la solución. La reforma de la Ley de Aguas que presentó Cristina Narbona sí incluía un canon universal por el uso del agua que afectaría a las eléctricas, pero el proyecto fue retirado y duerme en un cajón.
La patronal eléctrica, Unesa, discrepa radicalmente. Sostiene que las centrales hidroeléctricas "no se amortizan nunca". Da igual que fueran construidas hace décadas, da igual que el combustible -en este caso el agua- sea virtualmente gratuito y da igual que cobren el kilovatio al mismo precio que una central de gas recién construida y que importa desde Argelia el combustible. "Las centrales hidráulicas y nucleares no están amortizadas. De hecho, les queda más de un 40% de vida útil económicamente restante", afirma un borrador del informe La situación económico-financiera de la actividad eléctrica en España: 1998-2009. Unesa agrupa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y HC Energía.
Unesa aporta un estudio que encargó a la consultora Deloitte en el que afirma que "se ha constatado la inexistencia de los llamados windfall profit", y algo similar ha dicho la consultora PricewaterhouseCoopers, ambas de gran predicamento.
Unesa cita la nuclear y la hidráulica porque son casos similares. Centrales antiguas, que en muchos casos recibieron inversiones de dinero público hace décadas y que cobran al precio más alto. Alemania ha abierto una vía al gravar las nucleares a cambio de que puedan funcionar hasta los 46 años como máximo. Con el sistema, la canciller, Angela Merkel, prevé recaudar unos 30.000 millones de euros, que destinará a financiar inversión en renovables y a combatir el déficit público. La central de Garoña, propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, funcionará como mínimo hasta los 42 años sin pagar ese impuesto ni con una menor retribución.
Es más, la patronal afirma que esas presas no solo no están amortizadas, sino que nunca pueden estarlo: "Este tipo de centrales [se refiere a hidráulicas y nucleares] nunca pueden estar amortizadas económicamente hasta el mismo momento de su baja operativa. Por lo que se refiere a las centrales hidráulicas, en su inmensa mayoría se trata de concesiones que deben revertirse al Estado, al finalizar el periodo de concesión, en perfecto estado de funcionamiento".
El fiscal ha calculado incluso cuánto le costaría un impuesto sobre las centrales hidráulicas: entre 408 y 544 millones de euros al año en función de que ese impuesto sea de 15 o de 20 euros por megavatio producido, al que se podría sumar otro sobre las nucleares de entre 893 y 1.191 millones al año. Unesa considera inaceptable esa posibilidad, aunque las empresas sí la han aplaudido en Alemania. Unesa sostiene que la prueba de que no hay beneficios hinchados es que el sector ganó el año pasado 4.689 millones de euros después de impuestos entre generación, comercialización y distribución.
La profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y experta en el sector, Natalia Fabra discrepa de la interpretación de la patronal: "Una cosa es la amortización contable, cómo ellos lo reflejen en sus libros, y ahí no se amortiza la obra. Otra cosa es la amortización económica, si han recibido suficientes ingresos como para pagar las obras, y en este caso los han recibido de sobra".
Otros informes oficiales apoyan la existencia de los beneficios extraordinarios. En 2008, la Comisión Nacional de la Energía alertó: "La posición de ventaja de las tecnologías nuclear e hidroeléctrica que les suministra, con el actual diseño de mercado, una alta retribución, no es una posición o ventaja competitiva que pueda ser legitimada por los mercados. La moratoria nuclear y el agotamiento (en términos significativos) de las posibilidades de desarrollo del parque hidroeléctrico, determinan la inexistencia de libertad de entrada en estos segmentos tecnológicos y con ello la imposibilidad de que exista, de hecho, competencia real entre tecnologías, y que nuevos entrantes puedan disputar los beneficios observados".
Algo parecido afirma el Libro Blanco de la Electricidad, encargado por el Gobierno del PSOE al poco de llegar al gobierno para ver cómo se podría reformar el sistema. Este avisa de un "desequilibrio muy fuerte en contra de los consumidores, a la vista de los amplios márgenes previsibles de explotación de las tecnologías hidráulica y nuclear".
El tema no es menor. Entre enero y agosto, la hidráulica supuso el 19% de la electricidad de España. Es verdad que ha sido un año húmedo y que es un porcentaje excepcional, pero da idea de que no es una tecnología residual.
Una fuente del sector con gran memoria recuerda cómo ha ido cambiando el sistema de fijación de precios: "Las presas se hicieron con el cálculo de que cobrarían precios regulados, que se ajustaban al bajo precio que pagaban por el agua. Incluso hasta 1974 el consumidor pagaba una 'prima de las nuevas construcciones' del sistema Ofile con la que los consumidores financiaron obras hidráulicas". A partir de entonces cobraron un precio fijo y en 1997, tras una reforma legal, el PP crea el sistema que les permite cobrar el precio más alto del mercado. El Gobierno consideró erróneamente que las nucleares y las hidroeléctricas no serían competitivas con las centrales de gas y fijó unos Costes de Transición a la Competencia, una compensación milmillonaria. El PSOE, en la oposición, rechazó con fuerza esta ayuda.
El tema, que apenas generó debate los años de bonanza, llegó el pasado martes al Congreso. El diputado de ICV, Joan Herrera, llevó una proposición no de ley para sacar a nucleares e hidráulicas del sistema de fijación de precios: "No puede ser que presas construidas durante la dictadura de Franco, o incluso bajo el mandato de Primo de Rivera, y que no pagan el agua que usan, generen enormes beneficios caídos del cielo", lanzó Herrera.
El rechazo fue casi rotundo. El PNV y CiU consideraron demagógica la propuesta y el portavoz popular, Carlos Floriano, afirmó que en la iniciativa "late el radicalismo" -el día anterior, la líder conservadora Merkel había aprobado un sistema parecido para las nucleares alemanas-. El portavoz del PSOE, Antonio Cuevas, señaló que la acusación de que las hidráulicas y nucleares obtienen beneficios extraordinarios "no se sostiene". Todos estos grupos pidieron mantener el debate en una subcomisión del Congreso que desde hace más de un año trata de alcanzar un consenso energético. Además, PSOE y PP negocian fuera del Congreso otro pacto sobre estos temas y las eléctricas temen que afecte a los beneficios de presas y nucleares.
Herrera tuvo muy pocos apoyos. Solo el BNG respaldó la moción en la tribuna. El diputado Francisco Xesus Jorquera afirmó: "Las centrales hidroeléctricas explotan un recurso público como el agua y obtienen pingües beneficios dejando que la sociedad pague gran parte de los costes ambientales".
Galicia es la comunidad que con más intensidad ha vivido el debate. El fiscal denunció a Endesa el pasado mes de abril por secar un tramo de 3,4 kilómetros del río Eume -en él pescaba Franco- durante 50 años entre la presa y la central hidroeléctrica que explota río abajo. La fiscalía denunció un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por incumplir la Ley de Pesca Fluvial de Galicia, de 1992, que impone una serie de caudales mínimos, y pidió un informe a la Comisión Nacional de la Energía sobre los beneficios obtenidos por la eléctrica este tiempo.
Pedro Brufao, presidente de la Asociación Ríos con Vida y profesor de derecho administrativo de la Universidad de Extremadura, insiste en que no solo hay efectos económicos para el consumidor, sino también perniciosos impactos ambientales. "España vive un expolio hidroeléctrico con el consentimiento de la Administración. La mayoría de las presas se rigen por la Ley de Aguas de 1879, en vigor hasta final de 1985. Era una ley en la que se ofrecían inversiones muy seguras. La Ley de Pesca de 1942 ya incluía condicionantes ambientales, como ciertos caudales, que aún se ignoran".
Brufao pide que se aplique la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y que las centrales hidroeléctricas que incumplan las condiciones de la concesión sean demolidas. "El Sil no existe y el Miño está destrozado, secan el río Mijares y el Turia, el Llobregat tiene la primera presa a solo 50 metros de su nacimiento. No queda ningún gran río en España", lamenta. Ríos con Vida denunció ayer con fotos que una psicifactoría queda seca cada verano desde 1969 el río Castro, en Galicia.
En la elaboración de los planes de cada cuenca hidrográfica que prepara el Ministerio de Medio Ambiente, algunas eléctricas han pedido compensaciones, ya que al fijar caudales ecológicos no podrán poner turbinas para producir electricidad ni elegir el momento más propicio. La respuesta que les ha dado Puxeu, y que ha enviado a los presidentes de las confederaciones, es que no puede haber contrapartidas, que el caudal del río es previo a la concesión administrativa y que el negocio privado con un bien público como el agua debe tener límites.
Y respecto a la actual prosperidad de Riaño, recordar que el descenso demográfico de la comarca (se sepultaron otros seis pueblos más aparte de Riaño) fue un 75% más acusado en esa zona respecto a los municipios limítrofes. Me he extendido más de lo que me gustaría, pero aún me dejo muchas cosas en el tintero, solo decir que justificar Riaño en nombre del progreso, es como justificar Hiroshima en nombre de la ciencia, una aberración.
Saludos.
52 Respuestas
30498 Vistas