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El Consejo de Ministros aprobó el 1 de marzo un anteproyecto de ley sobre sistemas eléctricos en el que incluyó un apartado de control ambiental sobre el fracking.
El Gobierno ya se ha puesto manos a la obra para dar cobertura legal al polémico fracking, nombre con el que se conoce la extracción de gas no convencional mediante fracturación hidráulica. El Consejo de Ministros aprobó el 1 de marzo un anteproyecto de ley sobre sistemas eléctricos en el que incluyó un apartado de control ambiental para esta técnica. Será obligatorio someter esos proyectos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Este viernes, solo 15 días después, el anteproyecto ya era proyecto de ley y empezaba su tramitación.
Medio centenar de Ayuntamientos de Cantabria y Castilla y León escribieron en enero al ministro de Industria, José Manuel Soria, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, para trasladarle su “preocupación” por el impacto que los estudios de fracking podían tener en el medio ambiente de sus territorios y “en la salud de sus vecinos”. Soria contestó a finales de febrero y dejó clara su postura: “Este ministerio considera que esta técnica debe ser permitida” siempre que se cumplan las medidas de protección del medio ambiente y las personas. Para tranquilizar a los municipios, añadía que las empresas deberán constituir seguros de responsabilidad civil “para hacer frente a eventuales incidentes”.
El grupo Popular en el Congreso también ha propuesto recientemente la implantación de un tributo que grave la extracción de hidrocarburos en España para financiar con esos ingresos a las comunidades y Ayuntamientos donde se ubiquen los yacimientos. La oposición y las organizaciones ecologistas lo interpretan como el intento de ofrecer un aliciente económico a los municipios o regiones reticentes.
El fracking es adorado y temido con igual intensidad. Para unos, esta técnica de obtención de gas pizarra (shale gas en inglés), convertirá inútilmente a España en una especie de queso gruyer. Para otros, es la oportunidad de oro de un país que importa el 99% de los hidrocarburos que consume. Emularía así a Dakota del Norte (EE UU), uno de los Estados líder en su explotación. Las mayores críticas al fracking están relacionadas con un aumento de episodios sísmicos, riesgo de filtraciones de gas metano a los acuíferos, dudas sobre la composición de los productos químicos y el excesivo gasto de agua. El documental Gasland, ganador del premio especial del jurado en el festival de Sundance, muestra los efectos en los acuíferos en zonas de EE UU plagadas de pozos de fracking con imágenes impactantes de granjeros que prenden fuego con un mechero al agua que sale de sus grifos.
Los avances de la técnica —que comenzó a usarse en Estados Unidos hace 40 años— y el tremendo interés que demuestran las empresas del sector por usarla a España genera grandes temores medioambientales y muchas expectativas. España tiene, según cálculos del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, recursos de gas no convencional para 39 años de consumo.
Ni si quiera esas expectativas convencen a todos. El diputado socialista Hugo Morán, secretario federal de ordenación del territorio y sostenibilidad, cree la mayoría de los municipios afectados no lo ve el sistema con buenos ojos. “Es muy fácil acceder, a través de Internet, por ejemplo, a estudios rigurosos sobre sus efectos”, subraya. “El lobby ya está actuando”, aporta el geólogo Julio Barea, responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace España. “Los empresarios han creado la plataforma Shale Gas para contraargumentar todo lo que vamos diciendo”, incide. Laia Ortiz, diputada de la coalición Izquierda Plural, critica que el boom del fracking esté paralizando todas las energías renovables: “Es una postura miope, son los últimos coletazos para aprovechar unos recursos finitos”.
El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas ha presentado esta semana un estudio que aconseja no perder este tren energético. Uno de los dos coautores, el catedrático Fernando Pendás, tiene la doble vertiente de empresario del sector. Las nueve compañías de investigación, exploración y producción de hidrocarburos, agrupadas en la asociación Aciep, han anunciado inversiones privadas de entre 700 y 1.000 millones. El sector insiste en que la sociedad debe conocer “la realidad tecnológica, las medidas de seguridad y los beneficios”. Los cálculos de los empresarios traducen el “espectacular” botín gasístico a 700.000 millones de euros, en función de los precios actuales de mercado. “Si le sumamos las expectativas de petróleo, valoradas en unos 150.000 millones euros, y todo se confirma en reservas, redondeando la cifra tendríamos casi el PIB de España en un año, que es aproximadamente de un billón de euros. Todo potencialmente en nuestro subsuelo”, afirma Juan Carlos Muñoz-Conde, vicepresidente de Aciep.
“Dicen que Europa no es Dakota del Norte —donde se encuentra la formación rocosa Barnett, la de mayor potencial hoy en día de shale gas—, pero si retrocedemos 300 millones de años, vemos que los continentes estaban juntos y que Europa estaba con Dakota del Norte. (...) Geológicamente somos Dakota del Norte, podemos serlo, hay que vencer todos esos prejuicios”, defiende Enrique Hernández, director técnico de la consultora Gessa, especializada en exploración e investigación geológica y geofísica del subsuelo, y autor de un informe encargado por el sector.
El espejo de Estados Unidos ofrece dos imágenes. Por un lado, la extracción de gas no convencional ha logrado dinamizar la economía, crear empleo y disponer de gas al 20% del precio que se paga en Europa. Por otro, varios informes, como el publicado en 2011 por la universidad estadounidense de Cornell, inciden en que la emisión de gases de efecto invernadero en explotaciones de gas pizarra es mayor que en yacimientos convencionales, incluso que en las de carbón.
Los detractores del fracking insisten en que, a pesar de las expectativas geológicas, España no tiene ni la legislación de EE UU —donde el subsuelo es propiedad privada y no del Estado— ni la demografía. “No es casual que la explotación en ese país se concentre en zonas despobladas e incluso desérticas. Encontrar espacios no habitados similares es algo excepcional en España y la mayor parte de la UE”, señala el diputado Morán. Los permisos de investigación concedidos hasta ahora para detectar hidrocarburos en España facultan a su titular para sondear, en exclusiva y en una superficie determinada, la existencia de petróleo o gas. Aún no hay ninguno de gas pizarra en fase de explotación.
El debate sobre el fracking llegó al gran público en 2011 cuando el entonces lehendakari vasco, Patxi López (PSE), anunció por todo lo alto que en Euskadi se había encontrado una reserva de gas pizarra equivalente a cinco veces el consumo anual de toda España. Su Ejecutivo respaldó el proyecto, llamado Gran Enara, a través de la sociedad pública Hidrocarburos de Euskadi. El Gobierno de Iñigo Urkullu (PNV) le puso freno nada más ganar las elecciones. La fuerte contestación social en Álava hizo incluso que varios municipios se declarasen “zona libre de fracking”. Prácticamente cada semana se constituye una nueva organización ciudadana en algún punto del país contra la técnica.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético nació al calor de la protesta del alcalde de Albuquerque (Badajoz), Ángel Vadillo, por la supresión de las primas a las energías renovables. Ahora cuenta con el apoyo de 64 organizaciones y más de 600 personas que, según su portavoz, José Vicente Barcia, se preguntan “por qué España incentiva estas tecnologías en lugar de hacerlo con las energías renovables”. Y apunta: “¿Por qué Alemania, un país con mucho menos sol, tiene un parque de energía solar mucho más extenso que el nuestro?”. La plataforma se presentó en la puerta del Club Financiero Génova, donde la asociación Aciep ofreció su rueda de prensa, “con el fin de mostrar que la sociedad civil rechaza esta práctica porque contribuye al cambio climático, tiene un gravísimo impacto ambiental, contamina los acuíferos y pone en peligro la vida de las poblaciones cercanas”.
Europa carece de una legislación común sobre los requisitos ambientales que requiere este controvertido método de extracción de hidrocarburos, y no parece que vaya a tenerla en breve. La división entre países, e incluso entre comisarios de unas áreas y otras, es evidente. Francia, Irlanda o Bulgaria han impuesto moratorias al fracking. Polonia apuesta decididamente por este método. “Va a ser difícil conseguir una armonización”, pronostica el eurodiputado por ICV Raül Romeva. “El comisario Oettinger, de Energía, es defensor a ultranza con el argumento de la soberanía energética, pero Potocnik, el comisario de Medio Ambiente, dice ‘cuidado’, y alerta de que hay demasiadas incertidumbres y de que no está claro que los beneficios económicos compensen”.
Hasta ahora, los informes pedidos tanto por la Comisión Europea como por el Parlamento han mostrado conclusiones divergentes. Uno de ellos, de enero de 2012, afirmaba que no es necesaria más regulación ambiental. En cambio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en noviembre pasado en la que le dice a la Comisión que debería “complementar y extender la legislación medioambiental europea”. El comisario Potocnik declaró también en noviembre que la UE no tiene competencias para declarar una moratoria en toda la Unión, pero anunció que se abría un periodo de consultas sobre el fracking, aún en vigor, para que organizaciones y particulares puedan hacer sugerencias.
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