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Diagonal:
Conflicto de competencias para dar vía libre al fracking
SORIA MODIFICA LA LEY DE HIDROCARBUROS Y ANUNCIA PLEITOS CON LAS AUTONOMÍAS
La fractura hidráulica entra en la legislación estatal “por la puerta de atrás” modificando una ley básica.
Patricia Manrique
30/10/13 · 8:00
Aplicando el ya habitual rodillo de la mayoría absoluta, el PP ha introducido en octubre, negro sobre blanco, el fracking en la legislación española mediante las dos primeras leyes que recogen esta peligrosa técnica. En sesiones coincidentes con las tramitaciones de la Ley Wert y la Ley Montoro, las leyes de Soria y Arias Cañete desoyen el clamor ciudadano –y las recomendaciones de buena parte de la comunidad científica–, y se desmarcan de las legislaciones europeas que prohíben o establecen moratorias para el fracking.
Así, en su apuesta por un crecimiento basado en los combustibles fósiles, el Gobierno no se arredra ante los múltiples informes de los daños a la salud y al medio ambiente del fracking ni tampoco ante estimaciones como la hecha pública en julio de este año por el Departamento de Energía de EE UU, que concluye que en el Estado español hay tan sólo ocho billones de pies cúbicos de reservas recuperables, es decir, una octava parte de las cantidades ofrecidas por la industria, y que únicamente hay potencial en los recursos de la cuenca Vasco-Cantábrica, y no en las ocho identificadas por las empresas.
El gabinete de Rajoy parece querer ignorar el peligro de una burbuja energética, como se plantea ya en EE UU, donde los pozos perforados se agotan y se empieza a evidenciar que la fractura es más rentable por la construcción de infraestructuras que por la obtención de gas. Para mantener el valor de las compañías en Wall Street, se ha incrementado el ritmo de perforación –además del alto componente especulativo en las estimaciones– hasta el punto de haber provocado una saturación del mercado de gas que ha bajado los precios y ha hecho que muchos yacimientos ya no sean rentables.
Por la puerta de atrásLa primera de las leyes aprobadas, procedente del Ministerio de Industria y Energía que encabeza Soria, ha sido el “
Proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares”, al que este mes daba el visto bueno definitivo el Senado. Fuera de toda lógica, según han señalado todos los partidos de la oposición –y como hace evidente su propio nombre–,
esta ley incluye en dos de sus disposiciones finales una modificación de la Ley de Hidrocarburos que coloca la fractura hidráulica en esta ley básica.
“Puerta de atrás para el fracking” e “invasión competencial” han sido las expresiones más repetidas en los debates en el Congreso, pues,
al introducir el fracking dentro de una ley básica, el Gobierno fuerza un conflicto de competencias entre el Estado y las autonomías que ya disponen de legislaciones contra la técnica. Por ello, el Gobierno ha instado a Cantabria, La Rioja y Navarra, vía BOE, a participar en mesas Estado-Comunidad que tratarán de negociar las prohibiciones antes de presentar recursos contra sus leyes en el Constitucional. Se entiende mejor ahora el entusiasmo contenido de las plataformas contra el fracking cuando se aprobaron las leyes. “Son meras declaraciones de intenciones”, señala Humberto García, de la Asamblea cántabra, “y no parece lógico que los senadores cántabros y los riojanos voten en Madrid a favor del fracking cuando se han aprobado leyes en sus autonomías. Ya advertimos de que estas leyes no garantizaban nada. Hay que seguir luchando”.
El otro texto es el
Proyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental defendido por Arias Cañete en el Congreso. Presentado con el objetivo de
agilizar los trámites de las evaluaciones, establece criterios reguladores para la fractura hidráulica.
Cañete ha sido acusado de “oportunismo” al tramitar la ley por procedimiento de urgencia, adelantándose a la futura obligada trasposición de la Directiva de la Unión Europea sobre la evaluación ambiental del fracking, más restrictiva, aprobada el día anterior.
La ley ha sido rechazada por toda la oposición –salvo por UPyD– por “mercantilista”, ya que merma el carácter y objetivos de las evaluaciones e introduce la figura del Banco de Conservación de la Naturaleza, un mercado financiero de activos medioambientales, a juicio de Ecologistas en Acción. También ha sido tachada de centralista, porque resta importancia a las comunidades, que tendrían un carácter consultivo, cuando en la actualidad son las depositarias de tal competencia.
Acuerdos bilateralesPero los movimientos normativos no se reducen a la ley estatal. Ecologistas en Acción alerta de la actual negociación del TIPP, un tratado económico entre la Unión Europea y EE UU “que permitiría a los inversores actuar contra las normativas de protección ambiental y pedir compensaciones en tribunales privados si consideran afectados sus intereses”, explica su responsable de Internacional, Samuel Martín. Recientemente se ha aprobado el CETA, un acuerdo comercial bilateral entre la UE y Canadá que podría tener graves consecuencias relativas al fracking, ya que varias de las empresas con permisos en la península son canadienses. Este tipo de tratados permite presionar a las administraciones con millonarias indemnizaciones, como está ocurriendo con el NAFTA, tratado entre EE UU y Canadá en virtud del cual la empresa americana Lone Pain persigue al Gobierno canadiense por la prohibición en Quebec.
Contra las leyes, “sí se puede”Mientras, el movimiento contra el fracking sigue trabajando en la concienciación. Ya han conseguido que sean más de 400 los municipios declarados libres de fracking y, además de las leyes de prohibición, hay un Proyecto no de Ley en Andalucía; Cataluña se plantea la prohibición, y en Asturias y Burgos la presión popular y las estimaciones económicas negativas han hecho desistir a varias empresas.
“Hay que luchar persona a persona, pueblo a pueblo, administración a administración. Si más municipios y más gobiernos regionales se posicionan en contra, no nos van a poder parar, por mucho que el Gobierno haga leyes. Es fundamental decir: ‘Sí se puede’”, afirma Juange Iglesias, de la plataforma riojana. En el Día Internacional contra el fracking, 20 ciudades españolas celebraron actos reivindicativos.
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